Presidenta de la CCSS retoma labores mientras espera decisión de juez sobre medidas cautelares solicitadas por Fiscalía

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, publicó este martes un video en su cuenta en la red social TikTok, en la que se refiere a su retorno a su oficina, luego de una semana de no poder apersonarse por atender la audiencia de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público en su contra, así como de otras siete personas, al figurar como imputada en el caso judicialmente conocido como "Barrenador".

"Hoy (martes) vengo a trabajar nuevamente, retomo las funciones como presidenta ejecutiva, y aquí con más ganas que nunca de trabajar por este pueblo tan noble, que lo único que hace es demostrarnos día a día su amor y su respeto a las decisiones valientes que se están tomando", dijo Esquivel.

En el audiovisual, la jerarca afirma que "la situación por la que hemos pasado realmente no ha sido fácil", al tiempo que señala ser "sumamente respetuosa de lo que dictaminen las autoridades del Poder Judicial".

"Tengo clarísimo, después de haber sido jueza y magistrada de la Sala Constitucional, la importancia que tiene el Poder Judicial como uno de los bastiones de la democracia costarricense", añade Esquivel.

La alta funcionaria, así como los directivos que figuran como sospechosos en el expediente 24-000267-1218-PE, volvieron a ocupar sus puestos en este órgano colegiado de la CCSS mientras el juez de Hacienda y de la Función Pública, quien tiene asignado este caso, resuelve por escrito la solicitud de medidas cautelares que pidió la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

En este sentido, el ente acusador pidió que, para los encartados que ocupan puestos en dicha junta directiva, estos fueran suspendidos de sus cargos, al tiempo que, a todos se les exija entregar sus pasaportes, no acercarse a testigos relacionados con el caso y firmar cada 30 días, esto por un plazo de seis meses.

Precisamente, el pasado lunes concluyó la audiencia en la que el Ministerio Público presentó sus argumentos, misma oportunidad que tuvieron los abogados defensores y hasta algunas de las propias personas investigadas por aprobar la compra de servicios a varias cooperativas de salud para la administración de 138 Ebais, por un lapso de una década.

Según el Ministerio Público, tal contratación administrativa generó un daño al erario, por cuanto se calcula en ¢12 mil millones el sobreprecio respecto del contrato actual, mientras que los defensores argumentan que dicha licitación no ha sido autorizada por el ente contralor, por lo que no se puede hablar de un daño efectuado al erario.

De momento, las partes esperan la decisión de la administración de justicia respecto de las medidas cautelares solicitadas, misma que será dada a conocer por escrito con fecha indefinida.