Presentan recurso de amparo contra póliza de responsabilidad civil para funcionarios de alto rango del Gobierno
Proceso de contratación se mantiene en suspenso por consulta a la Procuraduría General de la República, según Hacienda
30/10/24 | 19:01pm
Los diputados del partido Liberal Progresista presentaron este martes un recurso de amparo en oposición a la compra de una póliza de responsabilidad civil para el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su gabinete.
Dicha interposición, tramitada bajo el expediente 24-030338-0007-CO, es justificada por los recurrentes en contra del Ministerio de Hacienda por cuanto consideran que la contratación vulnera principios constitucionales como el de probidad, uso adecuado del erario y derecho de igualdad.
Asimismo, se hace referencia en el documento a la resolución SIGYD D-2008-000384 de la Contraloría General de la República, en la que se determina que los funcionarios públicos tienen capacidad de comprometer los recursos públicos y que deben rendir garantías personales de su propio peculio.
Por otra parte, indican los recurrentes que lo resuelto por el ente contralor también incluye a otros jerarcas y titulares con capacidad de decisión que podría comprometer los recursos públicos.
"No hay autorización en ninguna ley de la República para que el ministro de Hacienda contrate una póliza de esta naturaleza", indicó Eli Feinzaig, diputado del PLP.
Dado lo anterior, la contratación de una póliza que exime al Presidente y su gabinete de dicha responsabilidad no solo atañe directamente al erario, sino que muestra un escenario de privilegio para unas partes y de discriminación para otras.
"Por tanto, es necesario cuestionar la constitucionalidad, legalidad y procedencia a la luz de los principios de probidad y responsabilidad personal establecidos por la Contraloría General de la República", indica.
Anuncio
Ante ello, se solicita a la Sala IV declarar que dicha contratación vulnera tales principios, así como el adecuado uso de los recursos públicos, así como ordenar la suspensión inmediata de la póliza, entre otras peticiones.
Entre tanto, se pidió ordenar al Sistema Integrado de Compras Públicas no adjudicar la contratación, y si ya se hubiese hecho suspender su ejecución hasta el dictado final de la sentencia, a modo de medida cautelar.
Justificación
El pasado lunes 28 de octubre tanto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, defendieron la contratación de esta póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS) por un monto de ¢243 millones.
"Es importante aclarar que esta póliza no cubre dolo, así que no hay ningún tema que tenga que ver con corrupción para proteger a los funcionarios que cumplan alguna demanda, que tenga que ver con esto, no será cubierta la póliza, y ahí creo que hay que matar ese morbo que se ha estado estableciendo", dijo Acosta.
Por su parte, Brunner puso a modo de ejemplo la media docena de demandas que enfrenta el mandatario Rodrigo Chaves, para exponer la importancia que para el Ejecutivo tiene este seguro, añadiendo que "el segundo deporte más popular en Costa Rica, después del futbol, es poner denuncias contra funcionarios públicos".
Respecto al criterio de la Contraloría, el jerarca de Hacienda indicó que se elevaría ante la Procuraduría General una consulta sobre la posible existencia de un vicio entre la contratación de este seguro y la póliza de fidelidad que actualmente cancela por año cada funcionario para fines similares; esto antes de avanzar con la contratación.