Por supuesto nombramiento ilegal en Supen, abren investigación contra jerarcas de Conassif

La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra jerarcas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por un aparente nombramiento ilegal en la Superintendencia de Pensiones. 

El Ministerio Público imputó al presidente de Conassif, Alberto Dent; la superintendenta de Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de la Superintendencia de Pensiones (Supen), Rocío Aguilar Montoya y al jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) Tomás Soley. 

Además, se abrió una investigación contra una funcionaria de comunicación y servicios de Supen, de apellidos Vallejos Naranjo, y a otra persona del departamento de Gestión del Factor Humano del Banco Central, de apellidos Chaves Hernández.

La acusación y solicitud de apertura a juicio surgió a raíz de un presunto nombramiento ilegal de un funcionario de apellidos Pacheco Umaña como director de Planificación y Normativa de la Supen. 

El Ministerio Público también abrió una investigación contra Pacheco Umaña, según comunicaron durante la tarde de este lunes. 

"Según la acusación de la FAPTA, estas personas habrían promovido y nombrado de manera ilegal al coimputado en la División de Planificación y Normativa de la SUPEN, pese a que no cumplía con la totalidad de los requisitos.

"Además, se sospecha que Pacheco y Dent indicaron en documentos públicos que el interesado contaba con un requisito del cual, presuntamente, carecía, mientras que, en apariencia, las funcionarias Chaves y Vallejos estaban enteradas de esta irregularidad", indicó el Ministerio Público. 

Aguilar está acusada por presunto nombramiento ilegal y prevaricato, Soley por supuesto nombramiento ilegal, Dent por aparente nombramiento ilegal y falsedad ideológica, Pacheco Umaña por falsedad ideológica, mientras que Chaves y Vallejos por supuesto incumplimiento de deberes. 

El Conassif envió un comunicado de prensa señalando que el nombramiento en cuestión se hizo en agosto de 2021 a través de los servicios administrativos usuales que el Banco Central brinda a las superintendencias. 

"El Conassif y los jerarcas de las superintendencias han colaborado plenamente ante las solicitudes de información de la Fiscalía. Debido a la etapa en la que se encuentra el proceso y por respeto al ordenamiento jurídico costarricense, los funcionarios ligados al caso no brindarán declaraciones adicionales", precisó Conassif. 

El caso se investiga en este momento bajo el expediente 23-000234-1218-PE.