Máximo tribunal de Perú ordena excarcelar a expresidente Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la excarcelación, por razones humanitarias, del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad.

De 85 años, Fujimori padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otras dolencias. Su excarcelación se hará efectiva muy probablemente este miércoles, dijeron su defensa y fuentes del Instituto Nacional Penitenciario.

En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017.

El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el recurso de gracia a Fujimori por razones humanitarias, pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las víctimas del exmandatario que gobernó con mano de hierro entre 1990 y 2000.

El Tribunal Constitucional justificó en un auto su decisión, alegando la salud "resquebrajada" de Fujimori. Al mismo tiempo recalcó que el exmandatario "ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena", lo que lo hace beneficiario del indulto.

Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército que los acusaba de ser supuestos guerrilleros de Sendero Luminoso.

Casi 25 años después de dejar el poder, su figura todavía divide al país.

Un grupo de simpatizantes de Fujimori llegó hasta el penal con camisetas blancas estampadas con la frase "Fujimori libertad". La fuerza pública redobló la vigilancia a las afueras de la prisión, según imágenes de la televisión privada.

"El presidente se ha mostrado muy conforme, ha tomado con mucha alegría el mandato" de los jueces, manifestó el abogado Elio Riera, a su salida de la cárcel donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, este último encarcelado hace justamente un año por su intento fallido de disolver el Congreso.

Las víctimas de su gobierno rechazaron tajantemente la decisión de los jueces. Una treintena de personas, con flores y fotos de universitarios asesinados por el escuadrón militar, se concentraron frente al palacio de justicia entonando el grito "el indulto es insulto".

"Esto un atropello, un arrebato al derecho a la justicia que tenemos los familiares de las víctimas", dijo Carmen Amaro, hermana del estudiante Armando Amaro Cóndor, victima de la matanza de la Universidad La Cantuta en 1992.

Así mismo, la Asociación Pro Derechos Humanos condenó enérgicamente la decisión por considerar que la misma supone un desacato a la CIDH. "La comunidad internacional observa atentamente este desafío a la legalidad internacional", agregó en un comunicado.

Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, aseguró igualmente que la decisión del TC es un "punto de quiebre" en la relación entre el Perú y el sistema interamericano.