Plan de empleo público pondrá en debate autonomía de instituciones estatales, señala experto

La discusión sobre la autonomía de las instituciones estatales volverá a la mesa con el nuevo proyecto de ley de empleo público que planteó el Poder Ejecutivo a principios de abril.

Un tema que ya estuvo en controversia cuando se aprobó la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre anterior y varias entidades, como las universidades, apelaron a este concepto para señalar que la reforma no los incluía.

De acuerdo con el experto laboral, Marco Durante, el artículo 11 del texto obliga a los todos departamentos de recursos humanos involucrados a seguir los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como ente rector.

"Pero por otro lado pueden aparecer algunas instituciones o Poderes del Estado que dicen 'perdón, yo tengo la autonomía suficiente para tomar mis propias decisiones o tengo mi independencia'", dijo Durante.

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En este caso, las entidades se ampararían en el artículo 9 de la Constitución Política, el cual indica que: "El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias".

"Este artículo 11 probablemente va a generar una discusión del porqué vamos a poner nuevamente en la balanza la eterna discusión entre rectoría y autonomía, que hoy dicen 'queremos tener la posibilidad de acuerdo con nuestras necesidades de dictar nuestra propia política de empleo'", explicó Durante.

En el país, las municipalidades tienen su propia autonomía establecida por la Constitución, además, las universidades públicas también han reclamado la suya.

El proyecto, por su parte, también aclara en su artículo 2 que no formarán parte de esta propuesta los entes públicos no estatales, cooperaciones, colegios profesionales, entre otros.

El texto

La iniciativa del Gobierno fue presentada el 8 de abril ante el Congreso junto con una reforma al sistema de becas y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

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El Poder Ejecutivo aguardó hasta esta semana para que las propuestas entraran a discutirse con el nuevo reglamento legislativo, que entró a regir el pasado viernes, y que ayuda a agilizar el trámite de los expedientes.

El texto presenta una serie de cambios desde el punto de vista de contratación, salarial, jornada laboral, beneficios, entre otros.