Proyecto contra usura pasa filtro constitucional y podrá votarse en segundo debate

El proyecto de ley que regularía la usura en Costa Rica pasó el filtro de la Sala Constitucional y ahora podrá votarse en segundo debate, después de que 11 diputados consultaron a los magistrados sobre posibles vicios de trámite y de contenido.

La Sala determinó que el proyecto "no tiene vicios de procedimiento por violación al principio de publicidad parlamentaria", ni contradice la libertad de contratación, comercio, elección de los consumidores, igualdad ante la ley, seguridad jurídica, los principios de razonabilidad y proporcionalidad o la tipicidad penal, "en los términos consultados".

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La iniciativa de ley pretende definir los límites para definir una transacción crediticia como usurera, un vacío legal que ha impedido realizar castigos en esta materia, a pesar de que el artículo 243 del Código Penal posibilita penas de entre seis meses y tres años de prisión por ese delito.

Específicamente, el proyecto establece que los créditos generales —incluidas las tarjetas de crédito— tendrían una tasa de interés máxima de los últimos 12 meses de la tasa de interés activa más 12,8 puntos porcentuales, multiplicado en conjunto por 1,5; mientras que los microcréditos, aquellos que no superen los ¢675.000, se multiplicarían por 2,085.

Estudios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) establecen que hasta un 70% de las tarjetas de crédito que actualmente circulan en el país cobran tasas anuales iguales o superiores al 40%.

El proyecto ya había sido aprobado en primer debate el 27 de abril pasado, como parte de las medidas impulsadas por el Congreso para aumentar la liquidez de recursos en los hogares en medio de la emergencia producida por la pandemia del Covid-19.

No obstante, 11 diputados firmaron la consulta a la Sala Constitucional que pausó el trámite del proyecto por un mes y seis días; aunque no se refirieron a sus motivaciones, ni explicaron quién impulsó las preguntas.

Los firmantes fueron los independiente Erick Rodríguez Steller e Ivonne Acuña; los socialcristianos María Inés Solís, Erwen Masís y Pedro Muñoz; los republicanos socialcristianos Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu; los integracionistas Wálter Muñoz y Patricia Villegas; y los independientes del bloque Nueva República Ignacio Alpizar y Jonathan Prendas.

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De ser aprobado en segundo debate, el texto pasaría a manos del Poder Ejecutivo y luego se convertiría en Ley de la República. La fijación y regulación de los topes quedaría entonces en manos del Banco Central, que tendría que establecer el cálculo actualizado de la tasa de interés activa promedio de los últimos 12 meses cada semestre.

El proyecto no tendría un impacto directo sobre los contratos, ni los préstamos actuales; sin embargo, sí para la readecuación de deudas y las nuevas emisiones.

En su primer debate, la inciativa recibió 50 votos favorables y únicamente dos diputados votaron en contra: los independientes Rodríguez y Acuña.

Además de las penas de prisión, el artículo 243 del Código Penal establece posibles multas de entre 20 y 100 días por las conductas usureras.

La votación en segundo debate se podrá realizar una vez que la Sala Constitucional notifique oficialmente la sentencia completa a los diputados.