PLN exige al Gobierno recorte de 1% del PIB en presupuesto de 2021 y afirma que si no lo harán ellos

Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Comisión de Asuntos Hacendarios solicitaron al Gobierno que realice un recorte del 1% del Producto Interno Bruto en su presupuesto para el año 2021.

Los liberacionistas piden un recorte de unos ¢345.000 millones, lo cual corresponde a un 3,1% del plan de gastos ya presentado por el Poder Ejecutivo para el año 2021.

Liberación Nacional es la bancada más grande del Congreso, por lo que sus votos son esenciales para la eventual aprobación del presupuesto. Además, es la fracción que tiene una mayor representación en la Comisión de Hacendarios (con tres de sus 11 integrantes), espacio en el que actualmente se tramita el dictamen de la iniciativa de ley.

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"El Gobierno presupuestó gastos que no se consideran esenciales en muchas de las instituciones, lo cual no es concordante con la grave disminución que existe en los ingresos como consecuencia del impacto que ha tenido la pandemia en la preexistente dificultad financiera del Estado.

"Entre los gastos innecesarios se encuentran: actividades de capacitación, publicidad y propaganda, alimentos y bebidas, becas a funcionarios, textiles y vestuario, tiempo extraordinario, y consultorías, entre otras. Muchas de esas subpartidas y sus actividades asociadas son postergables y no se visualizan como indispensables para 2021, incluidos festivales masivos, otorgamiento de premios y compra de vehículos", reza la comunicación publicada por los congresistas la tarde de este lunes.

En su posición oficial, los diputados liberacionistas indicaron al Gobierno que, de no proceder a realizar el recorte, la bancada verdiblanca procederá a realizar las mociones que considere necesarias por su propia cuenta.

"Desde la fracción liberacionista se procederá a presentar las mociones de rebajo respectivas que se acerquen a este monto. Estas mociones se encuentran en proceso de elaboración, tomando en cuenta el resguardo de programas que, ante su naturaleza, son sensibles para la atención de programas sociales y lucha contra la pandemia", señalan.

La comunicación la firmaron Silvia Hernández, que preside la Comisión de Hacendarios; así como sus compañeros de fracción Gustavo Viales y Ana Lucía Delgado.

Para poner la cifra en contexto, ¢345.000 millones representan los presupuestos de solicitados para la Presidencia de la República, la Cancillería, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Planificación (Mideplan), el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Vivienda juntos.

El presupuesto nacional del año 2020 ya recibió fuertes rebajas este año (por montos similares a los solicitados ahora) y la mayoría de ellas se intentaron mantener para el año 2021. No obstante, los legisladores argumentan que aún se pueden explorar otras vías de reducción. Ante este tipo de propuestas, Hacienda ha señalado que el presupuesto es muy rígido y que realizar más recortes implicaría afectar funciones básicas del Estado

La rigidez del presupuesto nacional también la ha señalado la Contraloría General de la República, que recientemente recomendó a Gobierno y los legisladores revisar las obligaciones presupuestarias legales y constitucionales, conocidas como destinos específicos, para reducir las amarras que obligan al Estado a invertir cuantiosas sumas de dinero en determinadas tareas aún cuando no está en condiciones de hacerlo o si las partidas no son prioritarias en determinado momento.

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Máxima austeridad

La intención del PLN implicaría un presupuesto con austeridad extrema para el 2021. Hasta ahora, el plan de gastos crecería un 4,5% en comparación con el de 2020; sin embargo, este crecimiento se explicaba particularmente por aumentos en el pago de amortizaciones de la deuda (32,9%) y de intereses (8,12%); en contraste con una reducción en el gasto público del 4,9%.

Los diputados afirmaron que su intención es enviar "un mensaje positivo a los mercados financieros internacionales", así como a la ciudadanía, "que ya de por sí ha tenido que hacer importantes esfuerzos y sacrificios".

La diputada Silvia Hernández afirmó que espera una reacción del gobierno que "procure la viabilidad política".

El presupuesto nacional se encuentra en análisis legislativo desde el 1 de septiembre pasado y deberá estar dictaminado por la Comisión de Hacendarios antes del día 25 de este mes. En este proceso podrá recibir modificaciones por parte de las distintas bancadas de gobierno y oposición; y luego pasará a discusión en primer y segundo debate en el Plenario legislativo.

La iniciativa tendría que votarse a más tardar los días 27 y 29 de noviembre, límite para primera y segunda votación respectivamente.

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Delicadas condiciones fiscales

Costa Rica enfrenta una situación crítica en sus finanzas públicas. El Gobierno estima un déficit financiero del 9,3% de la producción este 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones. Sin contar el pago de intereses (únicamente la relación entre los gastos e ingresos para la gestión regular del Estado) la diferencia sería de un 4% del PIB: ¢1,34 billones.

La situación se agravó con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, que redujo los ingresos estatales en poco menos de ¢1,17 billones (estimado hasta el momento) y que aumentó los gastos extraordinarios en montos que todavía siguen creciendo día con día.

Para 2021, el Banco Central estima un déficit financiero del 7,8% del PIB, siempre y cuando se cumplan los pronósticos de recuperación económica y no se extiendan los efectos más crudos de la emergencia del Covid-19.

Cerrar el desequilibrio es esencial para que el Gobierno detenga el deterioro de sus finanzas, que lo impulsa a adquirir cada vez más deuda pública. El país cerrará este 2020 con un acumulado de deuda superior al 70% de su producción, más de 20 puntos porcentuales por encima del máximo que recomiendan organismos internacionales para la sostenibilidad financiera de economías en desarrollo.

Para alcanzar un balance entre gastos e ingresos y aplanar el crecimiento de la deuda pública, el Ejecutivo impulsa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este plan está en pausa ante el descontento social que provocó una primera propuesta de ajuste hecha por el Gobierno, marcada mayoritariamente por nuevos impuestos.

Ante esta situación, el Ejecutivo abrió espacio a una mesa de diálogo multisectorial, con la intención de llegar a acuerdos con sectores sociales y productivos que permitan acordar un plan de acción para alcanzar estabilidad económica en el mediano plazo.

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