Plan contra Crimen Organizado incide en funcionamiento del Poder Judicial, resuelven magistrados

El plan contra Crimen Organizado incide en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Así lo plasmaron 19 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes pese a esa observación realizada, manifestaron estar a favor de la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa.

La Corte Plena sesionó de forma extraordinaria este jueves con el propósito de avanzar en agilizar la propuesta que es impulsada por el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y representantes del Poder Judicial.

Tras finalizar la discusión de 528 mociones por parte del Plenario, ingresó a la Secretaría de la Corte una consulta institucional sobre modificaciones que se habían presentado por mociones formuladas respecto de la propuesta.

La norma constitucional establece que cuanto hay una incidencia en la estructura y el funcionamiento institucional, necesita el aval de 38 votos en sesión de Plenario Legislativo.

La magistrada de la Sala Tercera, Sandra Zúñiga, manifestó que el proyecto 23.090 propone una mejora integral respecto a su paradigma a partir de una jurisdicción especializada con el fin de hacerle frente a los procesos complejos.

Eso sí, la visión hace ver que no se tenga que renunciar a la vía ordinaria para el Juzgado de otras causas que no revisten esa complejidad. Sostuvo que la aspiración es lograr a contar con una justicia pronta y cumplida.

"Nótese que el proyecto en los artículos que subsiste, que le dan contenido, tienen normas que inciden en temas, por ejemplo, en la edad de las personas juzgadoras, que inciden en temas de medidas administrativas en caso que se pueda tomar las personas funcionarias que pertenezcan a esta jurisdicción sean denunciadas en procesos disciplinarios y penales.

"Un tema fundamental es el presupuesto. Se tendrá que dotar de personal que pueda realizar las valoraciones de idoneidad que están establecidas en esta normativa, precisamente para garantizar que los profesionales y el equipo de apoyo que se encuentre en la jurisdicción sea de los mayores estándares", indicó Zúñiga.

De acuerdo con la alta jueza, se hace ver la posibilidad de que con estas propuestas legislativas se piensan aprovechar los recursos económicos dirigidos a esta institución para tener una reacción a este tipo de criminalidad.

La funcionaria judicial manifestó que con los procesos y nivel presupuestario se necesita un reforzamiento en la Dirección de Gestión Humana, para que se puedan valorar elementos como la idoneidad, las personas funcionarias y la previsión de forma periódica.

La magistrada señaló que a la fecha se pueden apreciar cambios importantes a nivel de lo que se regula en el Poder Judicial, como los cambios en la edad en el personal de la judicatura, la jefatura a cargo de los diferentes nombramientos.

El plan otorga la posibilidad de que el Ministerio Público solicite por medio del fiscal general o el fiscal subrogante de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) se conozcan las causas de crimen organizado que se encuentren en trámite.

El expediente plantea la opción de adecuar los plazos de prisión preventiva por la vía ordinaria de 12 a 18 meses, y en el caso de la JEDO, de 12 a 24 meses.

El plazo fijado por los diputados para aprobar esta propuesta se encuentra el próximo 7 de junio en un segundo debate.

Los magistrados titulares de la Sala Constitucional no estuvieron presentes en la sesión, puesto que no se descarta que en el futuro la propuesta sea conocida por ellos en una consulta de constitucionalidad.