Magistrados crearon cuatro reglas en opinión que avala plan fiscal, según abogado constitucionalista

La Sala Constitucional creó cuatro reglas en la opinión que avaló el pasado 23 de noviembre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dos de las cuales dieron pie para descartar una de tres consultas facultativas realizadas por los diputados.

De esa manera lo determinó la mañana de este martes el abogado especialista en la materia, Fabián Volio, luego de que el tribunal notificara a la Asamblea Legislativa sobre la resolución 2018019511, que dio paso a la aprobación en segundo debate y posterior firma del presidente Carlos Alvarado, para su transformación en ley.

El analista explicó durante su participación en el programa radiofónico Nuestra Voz que los magistrados no debieron haber prohibido que legisladores presenten dos consultas ni siquiera si se trata de temas diferentes porque esa posibilidad no está prohibida.

También, el fallo establece un límite para la presentación de consultas que se fija en el momento en el que es recibido el expediente parlamentario.

Justamente esos dos aspectos son por los cuales la Sala consideró improcedente una consulta liderada por los partidos Integración Nacional (PIN) y Frente Amplio (PFA), así como un grupo de disidentes de Restauración Nacional (PRN), cuyos miembros habían participado en una gestión previa.

Asimismo, el tribunal decidió reservarse el derecho de cuestionar soluciones del Congreso según el efecto que pudieran producir. "Eso significa atribuirse una competencia que no está definida expresamente en la ley", indicó.

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A esos tres asuntos de forma, se les sumó un aspecto por el fondo, que tiene que ver con una incursión de parte de los jueces en materia política y fiscal.

"Es decir, que hay un equilibrio entre, supuestamente, lo que denomina el Estado social de Derecho, que es un concepto muy general, y el equilibrio fiscal, y la Sala diría en qué momentos le va a parecer que sí o que no podría modificarse la legislación tributaria, así sea o no que cause un efecto en un grupo que denomina población vulnerable. Entonces, al hacer esta definición de qué es la crisis fiscal y referirse a estudios, sólo desde el punto de vista del ingreso, pues evidentemente abre una discusión, como lo hacen los economistas, sobre el aspecto del gasto público, que puede ser tan válida la tesis para solucionar una crisis como el aumento de los impuestos", explicó el abogado.

Uno de los aspectos que el experto en Derecho destacó de la resolución es validación del establecimiento de límites, reglas de gasto y derogatorias de impuestos con destino específico que funcionará como válvula para modificar las leyes que crearon impuestos y los distribuyen en diferentes usos.

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"Eso permitiría recoger todos esos fondos en la caja única del Estado y mejorar no solo el contenido presupuestario sino la conducción de políticas públicas desde el Presupuesto de la República, es decir, eliminar lo que se denomina la rigidez del Presupuesto, que está compuesto en un 95 por ciento por destinos ya prestablecidos por ley y solo un 5 por ciento queda libre a la definición anual de cuáles son los gastos prioritarios en un momento determinado", añadió Volio.

"Me parece que los jueces no deben crear nuevas reglas legales, para eso está la Asamblea Legislativa", concluyó el abogado.