"Diamante" y grandes casos de crimen organizado estarían en riesgo por supuesto error legislativo

Un error cometido en la Asamblea Legislativa pone en riesgo la tramitación del caso de corrupción conocido como “Diamante”, así como otros procesos judiciales clasificados como crimen organizado que iniciaron posterior al 14 de octubre del 2019.

Lo anterior porque, con la promulgación de la nueva Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, el Congreso incluyó la derogatoria de los artículos 2,3 y 6 de la Ley Contra Delincuencia Organizada que operaba previamente.

Durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, los abogados penalistas Gloria Navas y Ewald Acuña, señalaron que el error surge porque cuando el Poder Judicial informa que no hay contenido presupuestario para poder aplicar la nueva ley, los diputados publicaron a destiempo la orden de suspensión de la misma, pues dicha norma había estado vigente por dos semanas.

Es decir, la prórroga se publicó cuando ya legalmente, los artículos de la norma anterior citados en el texto de la ley nueva, estaban derogados.

Según el abogado Ewald Acuña, esa nulidad de los párrafos 2,3 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754), podrían causar un efecto negativo en la tramitología que hasta ahora, ha tenido la investigación penal del caso Diamante, que deriva de supuestas dádivas a alcaldes por parte de las empresas constructoras H. Solís y Meco.

“Las vacaciones de la ley anterior se promulgaron a destiempo, y entonces la ley -con la que el sistema judicial operaba- había perdido efecto. Aquí estamos frente a dos escenarios de criterio de las partes involucradas en los procesos, el primero es que al haberse derogado la competencia (artículo 2 de la antigua ley) los actos resultan ineficaces y la segunda, que a pesar de la derogación permanecen válidas las actuaciones (…) lo cierto es que es grave la consecuencia sobretodo en casos de alto perfil de corrupción, pero además otros casos condenados al amparo de la ley de Crimen Organizado, pues las partes podrían pedir una revisión en Casación Penal porque serian sentencias dictadas contra ley, con normas no vigentes”, citó Acuña.

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La jurista Gloria Navas, señaló que la responsabilidad no solamente es de la Asamblea Legislativa, sino que también existe una participación del Ministerio Público a la hora de gestionar cada acción de tipo procesal penal en las investigaciones, sin percatarse de que la norma había perdido validez.

“En muchos casos la Asamblea Legislativa hace cambios en leyes sin medir consecuencias, y hay que estar muy listos con cambios de las normas, como esta, porque cambia seriamente la investigación”, agregó Navas.

Actualmente, los abogados de Mélida Solís preparan una gestión por actividad procesal defectuosa en el caso Diamante, basados en estos hechos mencionados.

Ya en el caso conocido como “Cochinilla”, el Juzgado Penal de Hacienda resolvió reconocer la derogatoria de los artículos de la ley contra delincuencia organizada, sin embargo, al haber sido este proceso declarado con ese perfil (crimen organizado) antes del 2019, las pruebas obtenidas hasta ahora no han sido anuladas.

En el caso del caso Diamante, el proceso fue declarado como investigación de crimen organizado posterior al 2019, por lo que, existe un riesgo de nulidad de algunas pruebas según los abogados expertos.

“Incluso estaríamos en un escenario en el que Meco puede demandar al Estado, imagínese que peligroso, porque se aplicaron normas no vigentes en los procesos”, advirtió la abogada Gloria Navas.

A partir de recursos de apelación interpuestos por los defensores de los imputados en ambos casos, el Tribunal Penal de Hacienda deberá resolver, cuál es el alcance de la derogatoria de los artículos de la ley citada.