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Alcalde de Puntarenas

Alcalde señalado por irregularidades en balneario quiere traerse abajo suspensión por 6 meses

​Randall Chavarría achacó a un juego político por parte de un grupo de regidores las acusaciones que se le señalan

Luego de ser suspendido el pasado 12 de diciembre mientras se lleva a cabo una investigación por supuestas irregularidades en la administración del balneario de Puntarenas, el alcalde Randall Chavarría se prepara para presentar su apelación e intentar traerse abajo la medida cautelar que le impuso un juez.

Así lo confirmó este miércoles el propio gobernante local a AmeliaRueda.com, quien está a la espera de la audiencia para plantear sus alegatos.

Al alcalde se le investiga por los delitos de incumplimiento de derechos y malversación de fondos relacionados con la gestión del balneario San Lucas Beach Club de Puntarenas. Tras una solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Puntarenas impuso la suspensión del cargo sin goce de salario durante seis meses.

"La jueza, de una forma muy irresponsable diría yo, por una videoconferencia aplica las medidas cautelares y razona que hasta que tenga las pruebas a mano podemos solicitar que se revise el tema de las medidas, y fundamenta el tema del salario en directrices de la Contraloría y de la Procuraduría que ni siquiera establece montos. Entonces, yo me siento en un estado de indefensión en estos momentos", señaló el gobernante local.

Lea: Juez suspende a alcalde de Puntarenas por irregularidades con balneario.

Por su parte, el abogado de Chavarría, Mariano Núñez, argumentó que existen violaciones al derecho de defensa de su representado y yerros en el proceso para interponer la suspensión.

"En este caso, la estrategia fue presentar documentos para reducir el grado de probabilidad en la comisión del delito, ya que lo que sostiene el Ministerio Público es que don Randall dejó de hacer sus obligaciones en relación al proceso de resolución del contrato (del balneario) cuando nosotros en audiencia presentamos el procedimiento administrativo que se llevó a cabo, le llevamos el expediente completo a la jueza para que se enterara que no es cierto lo que afirma el Ministerio Público: que don Randall no hizo las gestiones para cobrar", expresó el defensor.

Núñez hace referencia a la investigación de la Fiscalía que se remonta entre el 2015 y el 3 de diciembre anterior cuando se dirigió un allanamiento en distintas oficinas de la Municipalidad de Puntarenas parra recabar prueba.

El abogado añadió que se dieron debilidades procedimentales que desencadenaron en una medida injusta para su representado.

El incumplimiento de deberes es un delito que se pena con hasta cuatro años de cárcel para "el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función" mientras que la malversación de fondos es penado hasta con ocho años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

El caso

Lo que el Ministerio Público señala en la investigación, que se tramita bajo bajo el expediente 18-000909-0431-PE, es que Chavarría no habría revocado la concesión de la administración del balneario pese a que las autoridades habían determinado que la empresa que lo tenía a cargo incumplía con los requisitos necesarios.

El alcalde afirmó que cuando fue regidor votó en contra de la concesión, notificó que no iba a extender el contrato a la compañía administradora y firmó la orden para la clausura del sitio cuando el Ministerio de Salud determinó encontró una serie de violaciones de salubridad, por lo que a su parecer no cabe ningún reclamo en su contra.

Lea: Insalubridad de piscinas y "olores putrefactos" motivaron clausura de Balneario de Puntarenas

Por otra parte, la Fiscalía presume que, durante la operación del balneario, Chavarría giró fondos municipales para pagar el agua y la luz a la empresa que se encontraba en el lugar. Al respecto, el gobernante local señaló que era su responsabilidad mantener el sitio aunque lo hubiesen dejado "botado" y que la compañía posteriormente hizo la devolución de cerca de ¢4 millones.

El alcalde suspendido aseguró que todo se trata de un juego político por parte de un grupo de regidores que está en su contra y quieren llenarle de obstáculos el camino para la reelección en las próximas elecciones municipales del 2020.

Chavarría indicó que se encuentra preparando la documentación respectiva a la espera de la audiencia de apelación.

El balneario abrió en 2012 y en enero del año anterior fue clausurado tras hallarse problemas como piscinas insalubres y fallas con la planta de tratamiento que emanaba malos olores. También se enlistó dentro de la falta de requisitos los elementos de accesibilidad para personas con discapacidad y adultas mayores.