Con consulta a Sala IV, 11 diputados frenan segundo debate a proyecto que castiga usura

Un grupo de diputados frenó la aprobación del proyecto de ley que pretende regular las tasas de usura y que iba a votarse en segundo debate este jueves. Se trata de 11 congresistas que alegan violaciones a la libertad de comercio, los principios de razonabilidad técnica, la libertad de contratación y el principio de proporcionalidad, entre otros señalamientos.

"La fijación de precios de la economía no puede hacerse por ley, salvo por situaciones de emergencia y de manera temporal, pues ello implica una clara violación de la libertad constitucional de comercio", alegan los legisladores.

Los diputados firmantes fueron los independiente Erick Rodríguez Steller e Ivonne Acuña; los socialcristianos María Inés Solís, Erwen Masís y Pedro Muñoz; los republicanos socialcristianos Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu; los integracionistas Wálter Muñoz y Patricia Villegas; y los independientes del bloque Nueva República Ignacio Alpizar y Jonathan Prendas.

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Este trámite frenará por al menos mes y medio la aprobación del proyecto, la cual ocurriría siempre y cuando el Congreso mantenga los votos necesarios para aprobar el texto y los magistrados de la Sala Constitucional no encuentren errores de trámite que así lo impiden.

Además, deberá superar filtros que revisen los contenidos del texto, un proceso que no impediría su votación en segundo debate, pero que sí podría determinar inconstitucionalidades de fondo, que luego puedan ser objetadas si la ley llega a entrar en vigencia.

La consulta ingresó a las 8:21 p.m. de este miércoles, según indicó la Sala Constitucional. La entidad comunicó a la Asamblea Legislativa que la consulta se encuentra en estudio de admisibilidad, por lo que se deberán suspender todos los trámites del proyecto.

Los diputados acudieron a la Sala a pesar de que la iniciativa contó con el apoyo de 50 de 52 diputados, el lunes pasado, cuando se aprobó en primer debate.

La iniciativa fija una fórmula para créditos y otra para microcréditos; es decir, para aquellos que no superen 1,5 salarios base de oficinista 1 del Poder Judicial (¢675.000). En el primero de los casos, la tasa máxima sería de 39% y en el segundo de un 55%.

Específicamente, la tasa de interés máxima en créditos generales sería el promedio ponderado de los últimos 12 meses de la tasa de interés activa más 12,8 puntos porcentuales, multiplicado en conjunto por 1,5. Para microcréditos, sería la misma base, pero multiplicada por 2,085.

En primer debate, únicamente Ivonne Acuña y Erick Rodríguez votaron en contra del proyecto. Sin embargo, ahora aparecen las dudas.

Los legisladores que firmaron la consulta constitucional no emitieron información sobre las motivaciones de la misma, ni se refirieron sobre la persona o la entidad que impulsó su redacción.

A día de hoy, el delito de "usura" debería castigarse con una pena de seis meses a tres años de presión, según establece el artículo 243 del Código Penal. Además, ese apartado establece posibles penas de 20 a 100 días multa. No obstante, ninguna otra normativa establece una definición del delito, por lo que ha sido imposible tipificarlo y, por ende, castigarlo.