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Los proyectos ya se encuentran en corriente legislativa. Están en el orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

¿Aumentar impuestos a personas y empresas menos afectadas por pandemia? Esto proponen dos proyectos

Las iniciativas buscan aumentar las cargas impositivas a los sectores que se han visto menos afectados por la pandemia del Covid-19. Ambos ya están bajo análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

19/07/20 | 09:30am

Dos proyectos de ley buscan aumentar las cargas impositivas a las empresas que han sufrido una menor reducción de sus ingresos y siguen registrando grandes utilidades. Las iniciativas son impulsadas por los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ambos proyectos buscan aportar recursos para la atención de la emergencia provocada por la pandemia del SARS-CoV-2 y paliar en parte la caída en los ingresos estatales, la cual se estima en más de ¢1,165 billones para este 2020, según los cálculos de la Contraloría General de la República (CGR), con datos del Ministerio de Hacienda.

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El primero de los proyectos lo presentó Villalta, bajo el expediente 21.883, de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia Nacional del Covid-19.

Esta propuesta propone aumentar por 12 meses el impuesto sobre las utilidades y sobre los dividendos que reparten las empresas consideradas como "grandes contribuyentes" y "grandes empresas territoriales". También propone un aporte adicional de 5 puntos porcentuales por un período de cuatro meses sobre los salarios y las pensiones mayores de ¢3 millones; y de un 0,1% adicional, por un solo año, sobre los patrimonios de las empresas superiores que superen los ¢95 millones (con excepción de pequeñas iniciativas agrícolas y aquellas que hayan registrado pérdidas en el período fiscal 2020).

En materia de utilidades, el incremento sería de 6 puntos porcentuales para grandes contribuyentes y de 2 puntos para grandes empresas territoriales; mientras que en materia de dividendos sería de 5 y 3 puntos porcentuales, respectivamente.

La ley entiende como un gran contribuyente a las empresas con rentas brutas superiores a ¢40.000 millones, con activos valorados en más de ¢50.000 millones o que han tributado un promedio superior a los ¢450.000 millones por concepto de renta en los últimos tres años. En el caso de las grandes empresas territoriales, se trata de aquellas que contabilizan ingresos brutos por más de ¢20.000 millones, activos por más de ¢25.000 millones o que han tributado más de ¢120.000 millones.

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Por otra parte, la propuesta de la diputada Vega se tramita bajo el expediente 22.034, de Justicia Fiscal frente a la Emergencia del Covid-19.

La oficialista propone que se aumente en 5 puntos porcentuales el monto que se cobra a personas físicas con rentas netas anuales superiores a los ¢40 millones y a empresas con rentas netas anuales superiores a los ¢1.000 millones. En materia de salarios, propone el mismo aumento para todos aquellos que superen los ¢4 millones, al igual que las pensiones.

Asimismo, propone destinos específicos para los recursos recaudados: un 25% igual para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para el sector turismo, para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y para el pago de deuda pública del Ministerio de Hacienda.

La propuesta de Vega tendría una vigencia de un año, con una posible prórroga de 12 meses adicionales para todos sus rubros.

Intenciones

Sobre su proyecto, Villalta argumentó en su exposición de motivos que "asegurar la capacidad financiera de la institucionalidad, ante la emergencia nacional que atravesamos, es vital para posibilitar la ejecución efectiva de los amplios programas sociales de atención a las personas afectadas por la crisis". También afirmó que "es vital para que el Estado sea capaz de implementar amplios y profundos programas de reactivación económica que permitan proteger el tejido empresarial".

Según Villalta, "se requiere que las personas y empresas con mayores capacidades económicas aporten de forma solidaria y progresiva, ante la necesidad de fortalecer las finanzas públicas en el corto plazo, para atender las necesidades sociales generadas por la emergencia nacional actual".

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Vega, por su parte, señaló que su proyecto "propone emplear mecanismos de política fiscal para gravar aquellas rentas, con ingresos y capacidades económicas robustas; con el objetivo de equilibrar el peso de la recesión económica y contribuir así a la seguridad y estabilidad social de Costa Rica".

"Se pretende que los recursos sean utilizados para apoyar a las familias, sectores, entre otros, ante las dificultades de la pandemia. Se parte del principio de justicia social y equidad como medida para enfrentar momentos excepcionales", concluyó la legisladora.

Ambos proyectos ya ingresaron al estudio de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde deberán ser analizados, dictaminados o archivados.

La Asamblea Legislativa ya había aprobado una Ley de Contingencia Fiscal en 2002. La reforma impulsada en aquel entonces incluía modificaciones en materia de renta por un período de dos años, incluso más profundas que las que ahora se plantean. El objetivo era enfrentar los desequilibrios en las finanzas costarricenses, que se veían desde aquel momento como un problema estructural de peso para las arcas estatales.

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