Usuarios de drones acuden a Tribunal Contencioso para impugnar reglamento

disputa​Aviación Civil insistió en que normativa, que entra a regir este martes, tiene como finalidad garantizar seguridad en espacio aéreo

La Asociación Costarricense de Operadores de Drones (ACODRON) acudió el viernes anterior al Tribunal Contencioso Administrativo para intentar traerse abajo el reglamento que regula el uso de estos dispositivos, el cual entra a regir este 13 de febrero.

El presidente de la organización, Roberto Gallardo, señaló este lunes en el programa Nuestra Voz que la normativa incumple una serie de parámetros de legalidad, racionalidad, proporcionalidad e igualdad que coloca en una posición delicada a las empresas que se dedican a la actividad lucrativa, incluso ante la posibilidad de quedarse sin empleos.

Los reclamos principales de ACODRON tienen que ver con la directriz de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) que los obliga a sacar un certificado llevando cursos y pruebas médicas que se exigen para los operadores de aeronaves tripuladas.

Gallardo reclamó además que el costo de este proceso resulta oneroso para los usuarios de drones que además de los $1.874 que cuesta el certificado deben invertir más dinero para el proceso estimando en $4 mil el proceso total.

"Nosotros nos cansamos de pedir que se incorporen las observaciones que hemos hecho durante el tiempo para tratar de hacer más racional esta directriz en cuanto a procedimientos, precio y consideraciones de igualdad", argumentó el presidente de ACODRON.

El director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Ennio Cubillo, respondió que los lineamientos de la normativa responden a criterios técnicos que buscan garantizar la seguridad del espacio aéreo costarricense.

El funcionario rechazó que el proceso haya sido antojadizo e indicó que a lo largo de cinco años se han llevado a cabo estudios comparativos con otros países para garantizar la mejor normativa para Costa Rica.

Cubillo indicó que se han dado suficientes prórrogas para que los operadores se pongan al día con lo respectivo e incluso el reglamento que entró a regir el 13 de agosto del 2017 dio un plazo de seis meses para que realizarán las gestiones respectivas para obtener los certificados, tiempo que se termina este martes.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo hizo la salvedad para que las pequeñas y medianas empresas inscritas así en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tengan tres años para pagar el costo.

El certificado solo rige para el uso de drones para fines comerciales o institucionales, sin embargo, el reglamento establece una serie de lineamientos para todos, incluidos lo recreacionales.

Por ejemplo, queda prohibido volarlo a más de 120 metros de altura, cerca de aeronaves tripuladas, hacer fuera del alcance visual del operador y aquellos dispositivos con peso mayor a 25 kilogramos.

También se restringe su uso en un radio de ocho kilómetros de un aeródromo, centros penitenciarios, Casa Presidencial y otros. Tampoco en aquellos lugares donde se afecte la privacidad de las personas.