Norma técnica sobre aborto impune evitaría al Estado demanda ante sistema de derechos humanos

La norma técnica que está pronta a publicarse sobre aborto impune satisface el acuerdo que trabaja el Estado costarricense en el proceso conciliatorio con dos mujeres que acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La directora adjunta de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenia Gutiérrez, explicó que este protocolo forma parte de las medidas de no repetición que negocian con las demandantes, las cuales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que no se les permitiera interrumpir su embarazo pese a poner en riesgo sus vidas.

Para evitar una demanda, el Estado costarricense inició en octubre del 2015 un proceso amistoso con las mujeres. Parte de las promesas fue generar esta normativa para que otras no pasen la situación que ellas vivieron.

El artículo 121 del Código Penal permite el aborto cuando la salud o vida de la madre está en riesgo, sin embargo, carece de un protocolo para que los especialistas en la materia lleven a cabo el procedimiento.

"Vimos que era necesario contar con procedimientos estandarizados para la aplicación del artículo 121. En esa medida, uno de los principales compromisos que estamos tratando de llevar a cabo es contar con lo que se denomina una norma técnica, que es una especie de reglamento que es emitido por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República", explicó Gutiérrez.

El texto borrador, el cual fue elaborado por una comisión técnica, ya se encuentra en su fase final de revisión por parte de las autoridades competentes.

La directora adjunta manifestó que hasta el momento se está cumpliendo con lo pactado en el proceso amistoso.

"Ha sido un esfuerzo de varios meses en donde la Cancillería, Presidencia y el Ministerio de Salud nos hemos interesado en que se cumplan los mejores estándares dentro de lo que la ley costarricense nos permite en este momento. Sí podemos decir que en un gran porcentaje satisface lo que nosotros estábamos proponiendo", argumentó la funcionaria.

Aún hacen falta ajustes que están en discusión entre las diferentes instituciones involucradas, agregó Gutiérrez.

"No se trata de abrir portillos, como se ha dicho en algunas noticias. No se trata de generar rigurosidad para aplicar a un medio extremo el artículo 121. Lo que nos interesa es cumplir con tres elementos centrales de ese artículo del Código Penal: la protección de la vida, la protección de la salud de la mujer y garantizarle seguridad jurídica a los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras obstetras que aplican la técnica", concluyó la directora adjunta.

Además de esta norma técnica, el Estado costarricense se comprometió también a impulsar un protocolo clínico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros acuerdos individuales.

La Cancillería está involucrada en el caso pues es el representante del país ante organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Ministerio de Salud confirmó que el ministro Fernando Llorca tiene en análisis el documento. Todavía no hay fecha para la aplicación de la normativa.