Funcionario suplirá a Víctor Morales quien renunció el 15 de marzo tras cuestionamientos por el nombramiento de una sobrina en su despacho
29/03/16 | 13:01pm
El actual jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Carlos Alvarado, asumirá la silla principal del Ministerio de Trabajo después de la renuncia, el pasado 15 de marzo, deVíctor Morales Mora.
Así lo anunció este martes el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, después de tomar el acuerdo en el Consejo de Gobierno.
Alvarado, de 36 años, es periodista de profesión y tiene un Máster en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra. También cursó Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.
Desde el 2014 se desempeña como ministro de Desarrollo e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS.
Entre otros cargos, fue director de Comunicación en la campaña presidencial de Luis Guillermo Solís y realizó consultorías en el sector privado.
La prioridad del funcionario - dijo- será el encadenamiento del empleo ya que "de esa manera se combate también la pobreza"
También mencionó el tema de las convenciones colectivas, el salario mínimo, y la ejecución de la Reforma Procesal Laboral.
El traslado implicará un cambio en el IMAS y la Dirección del Area Social en el Poder Ejecutivo, que según Solís anunciará oportunamente.
Morales, quien tuvo a su cargo la negociación de las reformas del Código Procesal Laboral, como también el Civil, entre otros asuntos de envergadura nacional, renunció después de que trascendiera a la luz pública que nombró a una sobrina suya como recepcionista dentro de su despacho.
Lo anterior, a pesar de que el Código de Ética interno –aprobado por él mismo– hacía la prohibición explícitamente de nombrar familiares en cargos públicos.
El Consejo de Gobierno también realizó el nombramiento de Felipe Arguedas como el nuevo viceministro del Agricultura.
Arguedas quien es agrónomo de profesión, asumirá el cargo después de la renuncia de José Joaquín Salazar del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Salazar dimitió a su cargo después de que se diera a conocer que su nombramiento era ilegal ya que tenía una prohibición de regresar a la función pública durante un periodo de siete años después de haberse acogido a una movilidad laboral voluntaria en el CNP.
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