Gobierno se contradice con impulso a pesca de arrastre, señalan adversarios de iniciativa
Proyecto de ley convocado a sesiones extraordinarias permitiría renovación de licencias de pesqueros sin comprobar sostenibilidad
20/01/16 | 12:00pm
Detractores de la pesca de arrastre acusan al Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) de contradecir sus promesas de campaña electoral al impulsar un proyecto de ley tendiente a permitir la pesca de camarón.
La iniciativa, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 19.838, fue convocada en el actual período de sesiones extraordinarias, cuya agenda controla el Poder Ejecutivo y promueve la técnica de "pesca de arrastre", pues es la única con la cual se puede capturar el camarón. Además, hace caso omiso a las disposiciones de la Sala Constitucional en la sentencia 2013-10540, que el PAC, en campaña, prometió respetar.
En ésta los magistrados establecieron el 7 de agosto del 2013, entre otras disposiciones, que "no se podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los inactivos para la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo".
El señalamiento de los adversarios apunta a que con su aprobación se renovarían automáticamente las licencias de los pescadores a las que se les venció sin que se asegure, previamente, la sostenibilidad de la técnica.
Así lo señaló el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien es parte de la Comisión de Ambiente donde se discute el proyecto antes de que se vote en el plenario. A su criterio el Ejecutivo está, incluso, contradiciéndose con respecto a su propuesta de Gobierno.
En la propuesta "PACto ambiental" contenida en el programa de gobierno de Luis Guillermo Solís se señala: "Reconocemos que la práctica de la pesca de arrastre es una práctica de enorme impacto negativo en los fondos y ecosistemas marinos".
"El gobierno del PAC respetará el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema de la no renovación de licencias a los barcos semi industriales camaroneros a los que se les expira la misma y apoyará a las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales en los esfuerzos de uso responsable de los recursos que ellos desarrollan desde su visión y experiencia".
En esta misma línea el director de la Fundación Mar Viva, Jorge Jiménez, denunció que el gobierno no puede reinstaurar la práctica de pesca de arrastre sin antes comprobar científicamente que el impacto marítimo sea sostenible.
La iniciativa, de 14 artículos y seis transitorios, establece en el transitorio IV que, después de aprobada la ley, y publicados los requisitos y condiciones para el otorgamiento de licencias, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes se vieron afectados con la suspensión de la suya en el 2013 "contarán con un plazo improrrogable de un año, para solicitar, con derecho a tramitación preferente, el otorgamiento de una licencia al amparo de los criterios de la presente ley, para lo cual aportarán los atestados que justifiquen tal condición".
El presidente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Gustavo Meneses, sostuvo que el proyecto de ley está apegado a las disposiciones de la Sala Constitucional en cuanto a su legalidad.
Resistencia a la modernización
Los adversarios de la iniciativa, Jiménez y Araya, coinciden que con la convocatoria de la iniciativa de ley el Gobierno evidencia su resistencia a modernizarse en materia ambiental.
El director de Mar Viva mencionó, además, que existen técnicas alternativas para la captura del camarón que ya se practican en otros países del mundo. Entre ellas con redes que no tocan el fondo del mar o cultivo de camarones.
Según denunció Jiménez, con la técnica de pesca de arrastre de fondo se desperdicia un 80 por ciento de los peces que no están listos para el consumo humano.