País señalará a grupos religiosos ante la ONU por frenar derechos sexuales de las mujeres

Los derechos sexuales de las mujeres en Costa Rica están estancados por la resistencia de grupos conservadores y fundamentalistas que tienen participación y poder en las esferas políticas y religiosas. Así lo expondrá la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora en representación del Estado costarricense, el próximo viernes 7 de julio ante al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En su comparecencia, Mora -también presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)- sostendrá que la estrategia de esos sectores es reducir el tema a una discusión sobre el "derecho a la vida", cerrar los canales de diálogo y esgrimir argumentos desde el miedo y el estereotipo.

La presentación ante el Comité se da en atención a la obligación estatal de rendir informes cada cuatro años. En esta ocasión la finalidad es responder a las inquietudes expresadas por el CEDAW al informe del periodo 2010-2014. La dinámica permite al país actualizar información hasta el 2017.

En entrevista con AmeliaRueda.com, la ministra reconoció que el estancamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es una de las mayores deudas con la equidad de género.

Esos derechos abarcan la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, disfrutar de su genitalidad sin amenazas o peligros y tener acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo

"Es una actitud mezquina, acá lo que queremos es prevenir embarazos adolescentes, combatir las relaciones impropias, tener una política de salud sexual", dijo Mora refiriéndose a los grupos fundamentalistas que se oponen al avance de esos derechos, y aunque no precisó nombres, afirmó que "están en todos los campos": en la Asamblea Legislativa, en la religión, en organizaciones de ciudadanos.

En el Congreso, los partidos evangélicos lideran la batalla por "el derecho a la vida", una campaña que involucra objeciones a la labor del INAMU y a que se realice el procedimiento de Fertilización In Vitro (FIV) en el país.

Tal resistencia llevó a los diputados Fabricio Alvarado (Partido Restauración Nacional) y Mario Redondo (Partido Alianza Demócrata Cristiana) a participar en México a mediados de junio en un encuentro de legisladores conservadores de todo el continente para promover límites al impacto de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo detalló una publicación del Semanario Universidad del 19 de junio.

Aborto impune

La crítica lanzada por la ministra es compartida por la Coalición Feminista para el Avance de los Derechos Humanos de las Mujeres, la cual el 12 de junio presentó un informe alternativo al aportado por el Gobierno sobre los derechos de las mujeres ante la CEDAW.

En el documento denuncian, como parte de la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el incumplimiento del aborto impune pese a que está normado en el artículo 121 del Código Penal.

ARTÍCULO 121.- No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

Esa disposición legal no se ejecuta debido a que no hay un protocolo para su realización.

Ante tal carencia, dos mujeres acudieron a la CIDH para acusar al Estado de Costa Rica por no permitirles interrumpir su embarazo pese a poner en riesgo sus vidas.

En vista de que esa acusación podría desencadenar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado costarricense se comprometió en octubre del 2015 a trabajar en la implementación de una norma técnica para los abortos impunes. La propuesta se encuentra en fase de revisión por parte de las autoridades nacionales vinculadas al tema.

La ministra Mora señaló que pese a que hay grupos feministas que promueven que se permita el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, la estrategia del Gobierno, ante las barreras y oposición de los conservadores, es concentrarse en que se cumpla como mínimo la norma del aborto impune.

Más pendientes

Otro aspecto que Costa Rica debe mejorar en la defensa de los derechos de las mujeres es la contención de la violencia que estas sufren. En lo que llevamos del año, 16 mujeres han sido víctimas de feminicidios, en el 2016 la cifra ascendió a 24. El feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de género en donde el victimario es su pareja, expareja o algún familiar.

Como respuesta, el INAMU junto con el Ministerio de Seguridad lanzó el 26 de junio el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032, el norte de este es capacitar a niños y adolescentes para que construyan su masculinidad de una forma no violenta; así como trabajar su relación con el control, el poder y el manejo de la ira.