Reglamento sobre aplicación del aborto terapéutico en el país estará listo en dos meses

En dos meses se estima el tiempo que resta para que una comisión especializada presente el reglamento para la aplicación del aborto impune (conocido hasta ahora como terapéutico) en centros de salud públicos y privados en Costa Rica.

El encargado del equipo, Allan Varela, explicó este viernes que ya tienen aproximadamente mes y medio trabajando en la elaboración de la normativa.

Son 16 especialistas (ocho mujeres y ocho hombres) quienes tienen la tarea de dotar al país de un reglamento del cual se carece en la actualidad, a pesar de que el artículo 121 del Código Penal permite la práctica cuando la salud o vida de la madre se pone en riesgo.

En el equipo de trabajo hay expertos en medicatura forense, psicología, derecho, enfermería, entre otros. Además, se cuenta con la participación de sectores como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el Ministerio de Salud.

Varela comentó que la discusión se centra en la actualidad en aspectos técnicos y en el avance clínico-científico que podría prevenir la necesidad de la interrupción del embarazo.

Otros aspectos que se deben abordar son en qué tipos de situaciones se puede optar por el aborto impune, el tratamiento para la mujer antes y posterior al procedimiento, manejo del consentimiento, entre otros.

El médico señaló que se toman como ejemplos normativas de otros países latinoamericanos para adaptar algunos lineamientos al contexto costarricense.

El reglamento que saldrá de la comisión, y que después debe ser avalado por el ministro de Salud, Fernando Llorca, consiste un marco general de la temática. Posteriormente, cada establecimiento médico tiene la obligación de plantear sus protocolos para la aplicación de la técnica.

Largo recorrido

La necesidad de contar con la reglas claras para la aplicación de la técnica surge tras la denuncia de dos mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a quienes la CCSS les negó la aplicación del aborto en el 2007 y 2012 pese a que su integridad estaba en peligro.

Aunque el caso no se ha resuelto, el Ministerio de Salud vio el vacío existente en cuanto a la normativa y se propuso la confección de un reglamento.

El 30 de marzo de este año, Llorca dijo a AmeliaRueda.com que se estaba conformando una comisión para analizar el tema.

Posteriormente, este medio dio a conocer que en la discusión se iban a incluir organizaciones religiosas en la discusión de una normativa técnica.

Días después el mismo Jerarca tomó la determinación de volver a formular la estrategia y convocar solo a médicos especializados en el tema, que es la que se encuentra trabajando en este momento.

El Código Penal costarricense impone prisión de uno hasta tres años a la mujer que interrumpa su embarazo. La prisión será de seis meses a dos años, si el feto alcanzó menos de seis meses de vida intrauterina.

La excepción a esa pena está contenida en el artículo 121 de la misma legislación que establece que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alegado que la interrupción del embarazo se debe abrir a otras situaciones. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó incluir motivos adicionales como violación, incesto o discapacidad fatal del feto.

El Ministro fue claro en señalar que en la actualidad solo se está reglamentando lo que ya la ley permite y que una apertura más allá requerirá de una discusión a nivel nacional que no está previsto desarrollar por parte de esta administración.