Con menos de un año aprobada, INCOFER considera ley para su fortalecimiento como obsoleta

A pesar de que desde el 7 de junio se aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), que le dio vía libre a la institución para endeudarse por hasta el 40 por ciento de sus activos ($408 millones), la iniciativa hasta el momento no ha servido de nada.

La institución no ha utilizado esa herramienta de endeudamiento porque carece de la capacidad para afrontar el pago de créditos importantes, según aceptó a AmeliaRueda.com el presidente ejecutivo Christian Vargas.

El problema es que la entidad no tiene bienes de alto valor o ingresos suficientes por venta de tiquetes para poner a responder ante una entidad financiera como garantía de la deuda.

"Nosotros no tenemos fondos con qué atenuar esas deudas, entonces es complicado y no podemos poner a responder nada porque todo son bienes demaniales (de dominio público), entonces no se puede poner a responder nada", argumentó Vargas.

"Cuando a usted le prestan tiene que ver con qué paga, y ahí es donde esta complicado el asunto, porque nosotros no tenemos márgenes de utilidad tan grandes como para tener un préstamo de esos, los pasajeros no es una cuestión que deje ganancias, tendríamos que subir un montón el costo de los pasajes, pero si hacemos eso van a dejar de usar el servicio", agregó el funcionario.

El Jerarca mencionó que una de las ventajas de la ley es que les da la posibilidad de asociarse con empresas privadas para desarrollar proyectos, pero son de "poca monta, no proyectos grandes".

Criterio compartido

La visión de Vargas es incluso compartida en el Congreso, de donde salió la normativa.

"Es un proyecto que no sirve para absolutamente nada. El INCOFER no tiene los activos ni los ingresos para respaldar un crédito", expresó el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara.

El legislador dijo que lo único que tiene la institución para responder es maquinaria obsoleta, equipo rodante, durmientes y unos edificios cuyo valor es muy poco. "La autorización del endeudamiento termina siendo un saludo a la bandera que queda en absolutamente en nada", sentenció.

El INCOFER posee un patrimonio de $1.020 millones. Esa cifra incluye los bienes demaniales que no pueden ser utilizados como respaldo de un préstamo porque son propiedad del Estado. Estos son los derechos de vía valorados en más de $727 millones y la línea férrea cuyo valor ascienda a más de $68 millones.

Con este panorama, la entidad solo puede poner a responder $224 millones, lo que significaría empeñar todos los terrenos, edificios, trenes, maquinaria de la institución. Los terrenos representan el 94 por ciento de los bienes que pueden ser sujetos de respaldo crediticio.

Hasta el momento, el Instituto no ha adquirido ninguna deuda amparada en la Ley de Fortalecimiento. El primer crédito en proceso de negociación es un fideicomiso por $40 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la adquisición de trenes nuevos, que serán entre 10 o 15 dependiendo del costo de cada uno. Si se lleva a cabo ese préstamo, que es el único visible para lo que resta de esta administración, la entidad adquiriría una deuda por el 9,8 por ciento de su capacidad de endeudamiento ($408 millones).

A criterio del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero, el proyecto sí sirve, el problema es una "falta de visión del equipo técnico y la junta directiva del INCOFER" para sacarle provecho.

"Yo soy de las personas que lamenta la salida de don Guillermo Santana, con don Christian perdimos inspiración y soluciones", afirmó.

El presidente del INCOFER dijo que el proyecto original sí proveía de los medios para inyectar dinero a la institución (impuestos) y de esa forma tener cómo responder ante las deudas, pero eso se le quitó a la ley porque hubo algunos diputados que no estuvieron de acuerdo.

En octubre del 2015, al plan original de fortalecimiento se le quitó la opción de financiar al Instituto con impuestos al ruedo, a los combustibles o a los peajes. El partido Movimiento Libertario fue el principal opositor de financiar a la entidad con recursos tributarios.